Sábado 21 de noviembre de 2026

Interés General — 21.11.2026 —

Desde las alturas permitidas hasta las excepciones: los cuestionamientos de los arquitectos al nuevo Código Urbano

El análisis presentado ante el Concejo identifica diferencias entre artículos y anexos, cuestiona la planificación de las densidades y el transporte, y plantea reparos sobre excepciones, espacios verdes y nuevas contribuciones económicas.


Contradicciones entre artículos y anexos, falta de estudios para justificar las alturas permitidas, dudas sobre las facultades del Ejecutivo y cuestionamientos a nuevas contribuciones económicas. Esos son algunos de los principales problemas que un grupo de arquitectos Independientes de nuestra ciudad identificaron en el proyecto de nuevo Código de Ordenamiento Urbano que se encuentra en el Concejo Municipal.

Las observaciones forman parte de un informe técnico de 16 páginas presentado formalmente ante el cuerpo legislativo, en el que los profesionales analizan distintos artículos de la iniciativa y advierten sobre sus posibles consecuencias. El documento, que también cuestiona diferencias respecto de lo debatido en las mesas de trabajo, plantea la necesidad de revisar el proyecto antes de avanzar con su aprobación.

Uno de los señalamientos más relevantes se refiere a las alturas y densidades de construcción previstas para amplios sectores de la ciudad. Los arquitectos sostienen que el Código permite una mayor intensidad edificatoria sin acompañarla de proyecciones de población, estudios sobre la capacidad de las redes de servicios ni una planificación del transporte que justifique su distribución. También advierten sobre posibles efectos en el asoleamiento de las calles y la congestión vehicular.

Otro punto especialmente sensible es el régimen de excepciones. Según el análisis de los profesionales, el artículo I.6 presenta una contradicción: define a la Comisión de Interpretación como un órgano consultivo, pero contempla que una resolución suya quede firme si vencen determinados plazos sin una decisión del Concejo. Advierten que esto podría permitir "excepciones sin una decisión expresa del órgano deliberativo" y solicitan eliminar ese mecanismo. También cuestionan que la Comisión esté integrada exclusivamente por funcionarios del Ejecutivo, sin una participación institucional más amplia.

El informe identifica además diferencias concretas entre los parámetros establecidos en el articulado y los incluidos en los anexos. Entre los ejemplos citados aparece el indicador de impermeabilización del suelo para parques industriales del distrito IND II: mientras un artículo establece un valor de 0,10, la planilla correspondiente consigna 0,60. Los profesionales advierten que estas contradicciones pueden afectar la interpretación de la norma, los permisos de construcción y las condiciones de desarrollo de los inmuebles.

En materia de espacios verdes y patrimonio público, los arquitectos cuestionan que el proyecto contemple la posibilidad de desafectar terrenos destinados a espacios verdes sin establecer mecanismos suficientes de compensación. También solicitan mayores controles legislativos sobre las atribuciones del Banco Municipal de Suelos para administrar, transferir o modificar el destino de inmuebles públicos.

Las contribuciones económicas previstas para determinados desarrollos constituyen otro eje de las objeciones. Los firmantes cuestionan el capítulo sobre valorización urbanística porque consideran que podría incrementar los costos de inversión y trasladarlos a los precios finales. Además, señalan que algunas fórmulas y bases de cálculo no están suficientemente definidas, lo que dificultaría conocer de antemano las obligaciones económicas de cada proyecto.

El documento también plantea reparos sobre la planificación vial y el transporte público. Según los arquitectos, el Código establece criterios de densificación y localización de actividades sin incorporar un plano integral de jerarquización de calles ni una red de transporte público suficientemente definida. Advierten que esa falta de articulación podría aumentar la dependencia del automóvil y agravar problemas de circulación.

Finalmente, los profesionales señalan imprecisiones en la clasificación de actividades comerciales, industriales y de servicios, además de dudas sobre los procedimientos de habilitación y el tratamiento de expedientes iniciados bajo la normativa anterior. Por eso reclaman que se corrijan las contradicciones, se completen los estudios faltantes y se establezcan reglas claras antes de aprobar una ordenanza que condicionará el desarrollo urbano durante los próximos años.

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