La Justicia investiga el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina y pidió informes al Gobierno

La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional y a distintos organismos públicos informar sobre los movimientos de Flávio Bolsonaro durante su paso por la Argentina, en el marco de una investigación que busca determinar si hubo irregularidades en los controles migratorios o si funcionarios argentinos facilitaron su salida de Brasil rumbo a Estados Unidos.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso las medidas a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, quien solicitó reunir información para establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el senador brasileño y qué controles se realizaron cuando ingresó y luego abandonó el país.

Entre los requerimientos, la magistrada pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe si había recibido alertas, comunicaciones o solicitudes previas vinculadas con la situación judicial de Bolsonaro. El objetivo es determinar si existían advertencias oficiales sobre las medidas adoptadas por la Justicia brasileña.

También solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre el ingreso de Bolsonaro a través de la frontera terrestre y su posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú. El organismo deberá precisar si recibió alertas o requerimientos judiciales que pudieran afectar las condiciones de ingreso o egreso del dirigente.

Para reconstruir el recorrido del senador y su familia, Capuchetti requirió además registros de cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina. El pedido comprende el período entre el 27 de octubre y la madrugada del 28 de octubre, cuando Bolsonaro cruzó la frontera y se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú.

La investigación apunta a establecer qué organismos intervinieron durante su estadía, qué controles se realizaron y si hubo alguna omisión o irregularidad. La adopción de estas medidas no implica que se haya comprobado la comisión de un delito, sino que busca reunir elementos para determinar si corresponde avanzar con otras actuaciones.

La causa se inició a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien acusó al presidente Javier Milei y a otros funcionarios nacionales por un presunto encubrimiento de la salida de Bolsonaro de Brasil. La presentación plantea posibles responsabilidades penales vinculadas con la actuación de funcionarios públicos y los controles migratorios.

Uno de los puntos que deberá analizarse es si se incumplió alguna obligación prevista en la legislación migratoria ante las restricciones judiciales que pesaban sobre el senador. La fiscal Ochoa había pedido las medidas preliminares para reunir documentación y evaluar si existen elementos que permitan establecer eventuales responsabilidades.

Bolsonaro ingresó a la Argentina durante la noche del martes 27 de octubre, acompañado por su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones. Según informó Migraciones, la familia presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales en los sistemas argentinos para ingresar al país.

Posteriormente, el senador abordó un avión privado de la empresa Baires Fly que partió desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar rumbo a Miami, Estados Unidos. Según una reconstrucción publicada por TN, habría utilizado su documento de identidad brasileño para entrar a la Argentina y su pasaporte italiano para salir.

El viaje se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dispusiera la retención de sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país en el marco de una investigación judicial. Sin embargo, Bolsonaro no registraba un pedido de captura internacional ni una alerta roja de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detenerlo, un aspecto que también deberá considerarse al evaluar los controles realizados.

El episodio dio lugar a al menos tres denuncias en la Justicia federal argentina. Además de la presentación de Solano, el diputado nacional Esteban Paulón denunció a Milei y a otros integrantes del Gobierno por presunto encubrimiento.

Una tercera causa tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. En ese expediente, la fiscalía también solicitó medidas para reconstruir el recorrido de Bolsonaro, incluidos registros migratorios, imágenes de cámaras de seguridad y documentación del vuelo privado.