En medio del reclamo universitario, un informe sostiene que hay fondos para cumplir la ley sin afectar el equilibrio fiscal

Por Santotomealdía

En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, que este jueves moviliza a estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes y autoridades académicas en Santa Fe y distintas ciudades del país, un nuevo informe económico sostiene que el Gobierno nacional podría cumplir la Ley de Financiamiento Universitario sin afectar el equilibrio fiscal. El estudio analiza el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo y concluye que existen partidas cuya reasignación permitiría afrontar los recursos adicionales que demanda la norma.

Según el análisis, el Presupuesto 2027 contempla $5,93 billones sin asignación específica, mientras que cumplir la Ley de Financiamiento Universitario requeriría entre $2 y $3,65 billones adicionales. La investigación, elaborada por Zentrix Consultora, plantea que esos recursos ya están incluidos en el gasto total proyectado y que destinarlos a las universidades no modificaría el resultado fiscal previsto. La conclusión introduce un elemento en el debate que atraviesa el conflicto universitario: si el problema es la falta de recursos o la decisión sobre cómo distribuirlos.

Cuánto costaría cumplir la ley

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada en 2025 y ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Aunque el Poder Ejecutivo la promulgó, suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que no estaban identificadas las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar el gasto.

El informe toma como punto de partida los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales y calcula cuánto dinero adicional sería necesario para cumplir las obligaciones establecidas por la ley.

De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición salarial y la actualización de las becas estudiantiles demandarían alrededor de $2 billones adicionales durante el próximo año.

Si se contempla la aplicación completa de la norma, incluyendo también los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, la investigación científica y las actividades de extensión, el costo adicional se ubicaría entre $2,45 y $3,65 billones, según el criterio utilizado para calcular la recomposición.

En términos relativos, esos montos representan entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027, o entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno. Se trata de estimaciones expresadas en pesos corrientes de 2027, sujetas a variables como la inflación y la evolución de los salarios.

Dónde estarían los recursos

Uno de los puntos centrales del estudio es el análisis de la partida denominada Obligaciones a cargo del Tesoro, que en el proyecto de Presupuesto 2027 pasaría de aproximadamente $5,6 billones a $14,8 billones. Dentro de esa jurisdicción, $7,68 billones aparecen registrados como “otras asistencias financieras”, sin que el proyecto identifique específicamente a todos sus destinatarios.

Para calcular el margen de reasignación, el informe descuenta $1,45 billones reservados para aumentos salariales de la Administración Nacional y otros $300.000 millones que ya corresponden a transferencias universitarias. De esa manera, identifica $5,93 billones sin asignación específica, una cifra superior al costo estimado de aplicar íntegramente la Ley de Financiamiento Universitario.

Incluso en el escenario de mayor costo, que contempla una recomposición más amplia de los gastos de funcionamiento, los recursos necesarios representarían aproximadamente el 62% de ese monto.

La interpretación del estudio es que, como esos fondos ya forman parte del presupuesto proyectado, su reasignación a las universidades no implicaría aumentar el gasto total ni modificar el resultado fiscal previsto por el Gobierno.

Sin embargo, eso no significa que se trate de recursos sin otros posibles destinos. La decisión supondría modificar la distribución de partidas y reducir el margen de disponibilidad del Ejecutivo para atender otras necesidades durante el ejercicio.

El conflicto por los salarios y el funcionamiento universitario

El financiamiento de las universidades se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno nacional y la comunidad académica durante la gestión de Javier Milei.

El informe señala que entre el 87% y el 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, por lo que las diferencias entre los recursos asignados y la evolución de los precios tienen un impacto directo sobre los ingresos de docentes y trabajadores nodocentes.

Según los datos recopilados en el estudio, el salario universitario real permanece alrededor de un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023, incluso después del acuerdo salarial alcanzado en junio de este año.

Además, el trabajo recoge información del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que estima que unos 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en las universidades nacionales durante el período analizado.

Las dificultades también alcanzan a otras actividades. De acuerdo con los datos citados, la ejecución real destinada a ciencia y técnica universitaria durante 2025 equivalió al 38% de la registrada en 2023, mientras que los recursos para extensión tuvieron una reducción todavía mayor.

Una ley vigente y una disputa judicial abierta

El conflicto por el financiamiento universitario también tiene un capítulo judicial. La Ley 27.795 fue ratificada por ambas cámaras del Congreso en octubre de 2025, después de que el presidente Javier Milei dispusiera su veto. Posteriormente, el Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución con el argumento de que no contaba con financiamiento identificado.Desde entonces, distintas resoluciones judiciales abordaron la controversia.

Actualmente se encuentra firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir las disposiciones de la ley vinculadas con la recomposición salarial y las becas estudiantiles. Además, el 6 de octubre un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, al considerar inconstitucional la suspensión dispuesta por el Ejecutivo. Sin embargo, esa sentencia fue apelada por el Gobierno nacional y todavía no se encuentra firme. La discusión judicial continuará mientras se desarrolla el debate legislativo sobre el Presupuesto 2027.

El Presupuesto 2027, otra instancia decisiva

El estudio también advierte sobre una posible contradicción entre el proyecto presupuestario y las obligaciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras el proyecto establece un crédito determinado para las universidades, la ley vigente contempla negociaciones paritarias con intervalos no superiores a tres meses y actualizaciones salariales que no pueden quedar por debajo de la inflación.

Por eso, si la inflación de 2027 supera la prevista en el presupuesto, podrían generarse nuevas diferencias entre los fondos asignados y las obligaciones legales.

Según las estimaciones del informe, cada cinco puntos porcentuales de inflación por encima de lo proyectado representarían unos $320.000 millones adicionales de necesidades de financiamiento.

En ese contexto, el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso aparece como una instancia central para definir si se incorporarán las partidas necesarias para aplicar la ley.

Una discusión que vuelve a las calles

La difusión del informe coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir el cumplimiento efectivo, inmediato e integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Santa Fe, la UNL, la UTN Regional Santa Fe y las organizaciones docentes, nodocentes y estudiantiles convocaron a concentrarse a las 16 en Pedro Vittori y bulevar Gálvez, frente a El Molino, para luego realizar un acto central a las 17 frente al Rectorado de la UNL, en bulevar Pellegrini 2750.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, había advertido que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla las partidas requeridas ni prevé recuperar las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico.

En ese escenario, el análisis presupuestario incorpora un nuevo elemento a la discusión pública. Mientras el Gobierno sostiene que la aplicación de la ley presenta dificultades de financiamiento, el estudio plantea que existen recursos previstos en el propio presupuesto que podrían reasignarse para cumplirla.

La definición dependerá tanto de la evolución del proceso judicial como de las decisiones que adopten el Poder Ejecutivo y el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto 2027.