Universidades vuelven a movilizarse para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves con una concentración central frente al Congreso de la Nación y movilizaciones en distintos puntos del país. La convocatoria busca exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia fue ratificada en cinco oportunidades por el Parlamento, según señalaron los sectores convocantes.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la situación salarial de los docentes. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) aseguró que el Gobierno nacional mantiene una deuda salarial del 32% con el sector, pese a que la Justicia aplicó una sanción económica este miércoles por el incumplimiento de la normativa.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, detalló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando, de acuerdo con los cálculos del gremio en función de la ley, debería haber cobrado $741.111.

La dirigente sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo afecta a quienes trabajan en las aulas y los laboratorios universitarios. Además, advirtió sobre las consecuencias del deterioro salarial para la continuidad de las tareas de enseñanza e investigación.

La movilización contará con la adhesión de distintas organizaciones sindicales, políticas y sociales. Entre ellas se encuentran las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación General del Trabajo (CGT), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otras agrupaciones.

Desde la CTA de los Trabajadores señalaron que la convocatoria busca reunir en la Plaza del Congreso a sectores que cuestionan las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, destacó la importancia de la jornada y vinculó la protesta con el reclamo por la derogación del DNU 70/23, al considerar que la norma afecta derechos laborales y habilita cambios en la regulación económica.

La CGT también expresó su respaldo a la movilización y definió a la universidad pública como una conquista histórica y una herramienta para promover la igualdad de oportunidades, la movilidad social y el desarrollo nacional. Desde la central sindical sostuvieron que defender el sistema universitario implica garantizar el acceso al conocimiento y sostener la educación como un derecho.

En tanto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó que el gremio realizará un paro de 24 horas este jueves, además de participar de la marcha. Según explicó, la medida apunta a extender las protestas a distintas provincias y acompañar los reclamos del sector universitario. Aguiar también cuestionó el DNU 70/23 y reclamó su derogación completa.

La concentración principal está prevista para las 13.30 en la intersección de avenida de Mayo y Sáenz Peña, desde donde partirá una de las columnas de AGD-UBA. También habrá convocatorias en otros puntos de las inmediaciones del Congreso.

Entre las principales demandas figuran la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y una actualización del presupuesto destinado a las universidades públicas.

Los gremios también advirtieron sobre la diferencia entre la evolución de los precios y los ingresos del sector. Tras conocerse que la inflación de septiembre fue del 1,9%, AGD-UBA señaló que, durante la actual gestión nacional, el índice acumulado alcanzó el 344,15%, mientras que los salarios docentes aumentaron un 236,6%, una brecha que, según la organización, refleja una marcada pérdida del poder adquisitivo.

Carboni agregó que el deterioro salarial ya tiene consecuencias en las universidades y mencionó que más de 1.200 docentes e investigadores dejaron la UBA, de acuerdo con los datos citados por el gremio. Para la dirigente, la situación pone en riesgo la continuidad de la investigación científica y de la enseñanza universitaria.