Ciudadanía Activa pidió "reglas claras" para una eventual transferencia del servicio de agua a ASSA

Desde Ciudadanía Activa Santo Tomé se pronunciaron sobre la posibilidad de que el servicio de distribución de agua potable sea transferido a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y plantearon la necesidad de que cualquier decisión se tome con “reglas claras”, transparencia y participación de la comunidad.

En un comunicado, el espacio político sostuvo que el traspaso “puede ser una alternativa para garantizar la prestación de un servicio esencial”, aunque advirtió que una decisión de esa magnitud requiere conocer previamente sus alcances y las condiciones en las que se concretaría.

Uno de los principales puntos planteados por Ciudadanía Activa está relacionado con la situación económica. Según señalaron, de acuerdo con los datos del Presupuesto Ejecutado correspondiente a 2025, la deuda registrada con ASSA ascendió a $2.460.213.292,06, mientras que la recaudación correspondiente al servicio alcanzó los $1.441.545.395,27.

A partir de esos números, el espacio consideró que “el déficit podría haber sido considerablemente menor” si el Gobierno Municipal hubiera cumplido con el pago del convenio acordado oportunamente. En ese sentido, afirmó que “la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos no puede convertirse ahora en una carga que termine trasladándose nuevamente a los vecinos”.

Frente a este escenario, Ciudadanía Activa planteó que una eventual transferencia debería incluir “una solución concreta para la deuda existente”. Como alternativa, propuso gestionar su condonación y, si esto no fuera posible, analizar la posibilidad de que el Gobierno Provincial otorgue una asistencia extraordinaria para afrontar el compromiso sin generar una nueva carga sobre los usuarios.

El espacio también sostuvo que el eventual traspaso “tampoco puede convertirse en una herramienta para ocultar responsabilidades” y consideró que quienes estuvieron al frente de la administración municipal y contribuyeron a generar la situación deberán explicar y asumir las responsabilidades que correspondan. Al mismo tiempo, remarcó que determinar responsabilidades “no puede significar que los santotomesinos terminen pagando dos veces por el mismo servicio”.

En cuanto al proceso de transferencia, Ciudadanía Activa consideró que debería formalizarse mediante un convenio entre las partes, incorporarse al marco normativo correspondiente y establecer con precisión las obligaciones del Municipio, ASSA y el Gobierno Provincial. También reclamó que queden definidas las condiciones de prestación, inversiones, mantenimiento y control del servicio.

El comunicado plantea además la necesidad de una amplia participación ciudadana. En ese sentido, el espacio propuso que el Concejo Municipal convoque a vecinales, instituciones, organizaciones sociales, entidades intermedias y demás organizaciones de la sociedad civil para debatir el futuro del servicio.

Según Ciudadanía Activa, la comunidad debe poder “conocer las propuestas, analizar sus implicancias, debatir alternativas y aportar a la construcción de una solución de largo plazo”, con el objetivo de alcanzar los mayores consensos posibles y poner por delante el interés general.

Otro de los aspectos que el espacio considera necesario analizar es el alcance de una eventual transferencia, teniendo en cuenta la infraestructura construida durante décadas en la ciudad. Al respecto, enumeró los pozos de captación, tanques elevadores de agua, plantas impulsoras y la planta de tratamiento de residuos cloacales, entre otras instalaciones.

En ese marco, Ciudadanía Activa planteó distintos interrogantes sobre el patrimonio existente: “¿Qué valor tiene esta infraestructura? ¿Aparece en el acuerdo de transición? ¿Se pretende transferir la infraestructura, la red y la prestación de servicios?”. También preguntó si se contempla la posibilidad de transferir la prestación por un período determinado para evaluar el funcionamiento del servicio y considerar otras alternativas a futuro.

Finalmente, desde Ciudadanía Activa Santo Tomé señalaron que “Santo Tomé necesita resolver de manera definitiva los problemas vinculados al servicio de agua”, pero remarcaron que esa solución debe construirse con responsabilidad institucional, transparencia y participación ciudadana, sin trasladar a los vecinos las consecuencias de una deuda que, según su postura, “pudo haberse evitado o reducido sustancialmente mediante el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

El comunicado concluye con una definición del espacio sobre el carácter del servicio: “El agua es un derecho. Su futuro no puede decidirse entre pocos ni puede convertirse en una nueva factura para los vecinos”.