Tensión en Diputados por el ajuste en discapacidad incluido en el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 modificó de manera abrupta el escenario de debate sobre la emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo incorpora un capítulo específico que modifica y deroga aspectos centrales del régimen vigente, lo que generó fuertes cuestionamientos de la oposición y también abrió interrogantes dentro del propio oficialismo y sus aliados.

El tema comenzó a discutirse en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, que tenía previsto avanzar sobre la prórroga de la emergencia. Sin embargo, el ingreso del Presupuesto cambió el eje de la reunión: desde la oposición reclamaron directamente eliminar el Capítulo VI, que contiene las modificaciones al sistema de protección y a la legislación vinculada con las pensiones y prestaciones para personas con discapacidad.

“El presupuesto genera un nuevo contexto, el Ejecutivo propone destruir la ley de emergencia y desmantelar el sistema de derechos. Teníamos la intención de tener un dictamen por unanimidad y esto lo vuelve todo para atrás”, sostuvo el diputado Juan Marino, impulsor del emplazamiento. El legislador reclamó el retiro del capítulo y cuestionó que el proyecto avance sobre la normativa que el Congreso se encontraba analizando.

La llegada del texto también generó desconcierto dentro del bloque libertario y entre sus aliados, ya que las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían trabajando en una iniciativa propia para modificar el sistema de discapacidad. Ese proyecto buscaba presentarse como una alternativa al régimen actual, pero el contenido incorporado por el Ejecutivo al Presupuesto alteró las negociaciones que se venían desarrollando en el Congreso.

Durante el plenario, Giudici sostuvo que mantiene el compromiso de avanzar hacia un “dictamen superador” y planteó que el Congreso todavía tendrá tiempo para discutir el Presupuesto y definir las condiciones de la reforma. Desde el entorno del presidente de la Cámara, Martín Menem, también señalaron que continuarán trabajando con los bloques aliados y describieron la propuesta del Ejecutivo como una “versión de máxima”, aunque advirtieron que buscarán evitar que el capítulo sea rechazado en el recinto.

Mientras tanto, más de 20 representantes de organizaciones vinculadas con las personas con discapacidad expusieron ante las comisiones. Los reclamos estuvieron centrados, entre otros puntos, en las demoras en los pagos a prestadores, la actualización de los aranceles y las dificultades administrativas para acceder a las prestaciones. “No tiene sentido que la ley de Presupuesto venga a borrar la ley que hoy estamos discutiendo”, fue una de las expresiones que se repitieron durante la jornada.

Entre los expositores estuvo Pablo Molero, sacerdote y coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien cuestionó duramente el funcionamiento actual del sistema y el contenido del proyecto. “El Gobierno no está cumpliendo. Pagar a 90 días o a 60 días es robarle el dinero a la gente”, afirmó durante su exposición.

Qué propone el proyecto

El Capítulo VI del Presupuesto 2027 introduce modificaciones en las leyes que regulan las pensiones no contributivas y el sistema de prestaciones básicas. Uno de los principales cambios consiste en retomar el criterio de “invalidez laboral” para el acceso a determinadas pensiones, reemplazando el enfoque basado en el modelo social de derechos humanos que contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el acceso a las pensiones y deja buena parte de los requisitos específicos sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo. A su vez, establece que la pensión no contributiva sería incompatible con un empleo formal o la inscripción en los regímenes tributarios vigentes, una modificación respecto del esquema actual.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas. La iniciativa elimina el esquema de aranceles universales y habilita valores diferenciados según los financiadores, mientras que para las prestaciones públicas establece una actualización trimestral. También elimina el estudio anual de costos que se utilizaba como referencia para revisar los valores del sector.

Además, el proyecto deroga artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculados con la cobertura médica obligatoria y con el traspaso de las pensiones existentes al nuevo esquema de protección social. Estos cambios son cuestionados por sectores de la oposición y organizaciones de discapacidad, que advierten sobre una posible fragmentación del sistema y modificaciones en las condiciones de acceso a las prestaciones.

De esta manera, el Presupuesto 2027 incorporó un nuevo eje de conflicto a una discusión que ya estaba instalada en Diputados. La negociación sobre la emergencia en discapacidad deberá ahora avanzar en paralelo con el tratamiento del proyecto de Presupuesto, mientras el oficialismo intenta sostener su propuesta y la oposición reclama modificaciones al capítulo que establece los cambios en el sistema.