Se complican los números del oficialismo en el Senado para aprobar la extranjerización de tierras

El oficialismo enfrenta un escenario cada vez más complejo en el Senado para avanzar con uno de los puntos más controvertidos del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada: la eliminación de las restricciones vigentes para la venta de tierras rurales a ciudadanos y empresas extranjeras. A pocos días del debate previsto para esta semana, crecen las dudas sobre si La Libertad Avanza logrará reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

La propuesta, impulsada por el Gobierno nacional, busca derogar los límites establecidos por la Ley de Tierras, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% del territorio nacional, provincial o departamental para la propiedad extranjera y limita la cantidad de hectáreas que pueden concentrar personas físicas o jurídicas de otros países.

Sin embargo, el proyecto comenzó a perder respaldo entre sectores dialoguistas y aliados del oficialismo. A la incertidumbre por la postura que adoptarán los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se suman las reservas expresadas por legisladores de la UCR y del PRO, especialmente representantes de provincias patagónicas, donde crece la preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa sobre la soberanía territorial.

En ese contexto, la resistencia social también fue en aumento. Diversas organizaciones civiles y partidos políticos anunciaron una manifestación frente al Congreso para el jueves, mientras que la Iglesia Católica volvió a expresar reparos sobre el proyecto. También la vicepresidenta Victoria Villarruel se manifestó públicamente en contra de flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, profundizando sus diferencias con la Casa Rosada.

El tratamiento de la iniciativa se retomará esta semana, luego del cuarto intermedio dispuesto en la sesión del 16 de julio, cuando el oficialismo decidió postergar el debate por falta de respaldo suficiente para aprobar el capítulo referido a la extranjerización de tierras.

Además de modificar la Ley de Tierras, el proyecto incluye medidas para agilizar desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, cambios en el régimen de expropiaciones y modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego, con el objetivo de flexibilizar el uso de propiedades afectadas por incendios u otras catástrofes.

La versión impulsada por el Gobierno elimina prácticamente todas las restricciones para la compra de tierras por parte de personas y empresas privadas extranjeras. Solo mantiene un mecanismo de autorización conjunta entre Nación y las provincias cuando se trate de compañías con participación de estados extranjeros en su capital.

En la previa del debate, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado, había asegurado que los votos estaban garantizados y atribuyó la última postergación a la ausencia de algunos senadores aliados. Sin embargo, en las últimas semanas varios legisladores comenzaron a marcar distancia y advirtieron que no acompañarán el capítulo referido a la venta de tierras.

A esa incertidumbre se sumó otro foco de tensión dentro del propio oficialismo. Según trascendió, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó la posibilidad de que las provincias puedan fijar sus propios límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, una discusión que también generó dudas entre algunos senadores respecto del texto definitivo que llegará al recinto.