Cristina Kirchner llevará su condena a la ONU y denunció una "proscripción" política

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará su condena en la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que el proceso judicial vulneró garantías fundamentales y que la sentencia busca excluirla de la vida política mediante una "proscripción" de carácter permanente.

El planteo fue dado a conocer este miércoles a través de una carta abierta publicada en medios internacionales, entre ellos El País de España y Libération de Francia, además de ser difundida en sus redes sociales bajo el título "El costo democrático de la politización de la justicia".

En el texto, la exmandataria sostuvo que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos trasciende su situación personal y afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes. En ese sentido, afirmó que la utilización de decisiones judiciales para limitar la participación política constituye una forma de deterioro institucional.

Kirchner también confirmó que su defensa presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en la que denuncia presuntas violaciones al debido proceso contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado al que Argentina adhirió.

Para esta nueva etapa judicial internacional, la exvicepresidenta incorporó a su equipo legal a los juristas Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Rafael Valim, abogado brasileño vinculado a la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos trabajarán junto al abogado argentino Alberto Beraldi.

En su publicación, Fernández de Kirchner insistió en que el proceso judicial estuvo marcado por "arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso" y aseguró que también existió un contexto de "machismo estructural" dentro de sectores del sistema judicial argentino.

Además, consideró que la inhabilitación perpetua representa el verdadero objetivo de la condena, por encima de la pena de prisión. Según expresó, se trata de una sanción con consecuencias políticas que busca impedirle competir nuevamente en elecciones.

La expresidenta reiteró que no pretende un trato diferencial, sino que reclama "un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales", al tiempo que vinculó su presentación ante la ONU con la necesidad de que el caso sea analizado desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema, que rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa. Actualmente cumple la pena bajo arresto domiciliario.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá evaluar primero si la presentación cumple con los requisitos de admisibilidad. En caso de avanzar, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el planteo realizado por la exmandataria.