Disputa por el nuevo edificio judicial: el MPA rechazó la propuesta de la Corte

Por Santotomealdía

La disputa por la distribución de espacios en el nuevo edificio judicial de la ciudad de Santa Fe sumó este miércoles un nuevo capítulo. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) rechazaron la propuesta presentada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que les había ofrecido nuevas sedes para su funcionamiento e invitado a una instancia de diálogo.

A través de un comunicado conjunto firmado por la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson, ambos organismos sostuvieron que la decisión del máximo tribunal "no respeta el marco legal aplicable" y reiteraron que el edificio en construcción debe mantener el destino originalmente previsto: convertirse en un Centro de Justicia Penal.

La respuesta se produjo un día después de que la Corte Suprema informara que ponía a disposición del MPA y del MPD el sexto piso del nuevo edificio Anexo del Palacio de Justicia, ubicado sobre avenida General López al 2700, además del edificio donde actualmente funcionan los Tribunales Laborales, en peatonal San Martín 2651, lo que representa una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados. En esa misma resolución, el tribunal también convocó a ambas instituciones a una instancia de diálogo para avanzar en una solución.

Sin embargo, el MPA y el MPD consideraron que esa decisión contradice la Cláusula Décimo Sexta de las disposiciones transitorias de la Constitución Provincial reformada, que establece que el uso y destino de los inmuebles afectados a los Ministerios Públicos no puede modificarse sin su conformidad.

En ese sentido, recordaron que en 2021 la propia Corte había asignado formalmente al Ministerio Público de la Defensa el primer piso del nuevo edificio, mientras que el cuarto y quinto piso, junto con parte del subsuelo, habían sido destinados al Ministerio Público de la Acusación. Según afirmaron, nunca fueron consultados para modificar esa distribución.

Otro de los argumentos planteados por ambos organismos está vinculado con el origen del financiamiento de la obra. Señalaron que el edificio fue construido con recursos provenientes de un crédito internacional autorizado por la Ley Provincial N.º 13.543, que establecía como destino específico la construcción de un Centro de Justicia Penal para la ciudad de Santa Fe.

En el comunicado también remarcaron que, como organismos autónomos e independientes, continuarán exigiendo el cumplimiento de la Constitución y de las leyes vigentes, al tiempo que dejaron planteada la reserva de iniciar las acciones legales que consideren necesarias.

No obstante, aclararon que mantienen su disposición al diálogo y recordaron que el pasado 1 de abril presentaron una nota conjunta a la Corte Suprema proponiendo una instancia de conversación, la cual —según indicaron— aún no obtuvo respuesta.

La controversia se produce a pocos días de la inauguración del nuevo edificio judicial, prevista para el próximo 30 de junio, y mantiene abierto un conflicto institucional sobre el destino de los espacios que ocuparán los distintos organismos que integran el sistema de justicia provincial.