Financiamiento universitario: para frenar la ley, el Gobierno piensa llegar hasta la Corte

El gobierno de Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la disputa por los recursos destinados a las casas de estudio.

Según trascendió de fuentes oficiales, en caso de que el tribunal haga lugar al planteo, el expediente podría escalar hasta la Corte Suprema. En el oficialismo, incluso, no descartan avanzar con un recurso en queja si la Cámara rechaza el pedido.

Mientras tanto, la estrategia del Ejecutivo se apoya en dos ejes. Por un lado, sostienen que la norma es inconstitucional porque no especifica de dónde provendrán los fondos para financiar el sistema universitario. En esa línea, evalúan no realizar transferencias a las universidades hasta que haya una definición judicial.

Por otro lado, en la Casa Rosada relativizan el impacto fiscal de la ley. Si bien estiman que su implementación implicaría un costo cercano a los 2,5 billones de pesos, aseguran que el problema no es el equilibrio fiscal sino el origen de los recursos, que podría implicar recortes en otras áreas como la obra pública o los fondos a las provincias.

En paralelo, el oficialismo anticipó su intención de impulsar una nueva normativa sobre financiamiento universitario, aunque por el momento no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con ese proyecto.

Desde el ámbito académico, en tanto, advierten sobre la gravedad de la situación. En el Consejo Interuniversitario Nacional señalaron que las transferencias a las universidades públicas registraron una caída del 45,6% desde 2023.

El presidente del organismo, Franco Bartolacci, advirtió que el escenario es “extremadamente crítico” y no descartó nuevas medidas si no hay respuestas por parte del Gobierno. En ese sentido, planteó que podrían volver a convocar a la sociedad en defensa del sistema universitario si no se cumple la ley sancionada por el Congreso.