El oficialismo consiguió dictamen para reformar el régimen penal juvenil

El oficialismo logró este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados avanzar con el proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil y que, entre sus puntos centrales, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con el respaldo de bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista, el despacho de mayoría reunió 75 firmas, según informó la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.

Con ese aval, la iniciativa quedó habilitada para ser debatida en el recinto en una sesión especial convocada para mañana a las 11. El dictamen fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. En cambio, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el texto y anticiparon posiciones críticas.

Además de la baja en la edad de punibilidad, el proyecto establece un esquema de sanciones alternativas a la prisión, dispone que los menores no compartan espacios de detención con adultos e incorpora medidas orientadas a la resocialización. También elimina la posibilidad de prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de pena. Para delitos con condenas menores a tres años no se prevé prisión efectiva, mientras que para hechos con penas de entre 3 y 10 años —cuando no hayan provocado muerte o lesiones graves— se priorizan abordajes con eje social y educativo.

A pedido de bloques dialoguistas, el dictamen incluyó una cláusula de financiamiento para garantizar la implementación del régimen: se contemplan más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.

El debate estuvo atravesado por fuertes cruces. La discusión se tensó desde el inicio, cuando el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois cuestionó que se comenzara la reunión sin la presencia de todos los legisladores. El libertario Manuel Quintar defendió la baja de imputabilidad y respondió a los cuestionamientos, lo que derivó en un intercambio verbal entre ambos.

Más adelante, la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) reconoció que el actual régimen es “vetusto” y requiere actualización, pero cuestionó con dureza la propuesta del Ejecutivo, a la que acusó de centrarse excesivamente en el castigo. Confirmó que su bloque impulsará un dictamen propio basado en criterios de proporcionalidad, especificidad y justicia restaurativa.

Desde el oficialismo, Silvana Giudici rechazó que el proyecto tenga un enfoque “vengativo” y defendió la reforma como una herramienta para abordar un problema real de seguridad. En ese sentido, citó el caso de Chile y señaló que, tras la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, la reincidencia juvenil descendió, según datos oficiales.

El Frente de Izquierda también manifestó su oposición. Myriam Bregman calificó de “marketinera” la consigna de equiparar delito de adulto con pena de adulto y sostuvo que la participación de menores en hechos delictivos es baja en términos estadísticos. En la misma línea, el diputado Juan Carlos Molina (UxP), en su primera intervención como legislador, consideró que la iniciativa responde a una lógica “oportunista”.

Con posiciones marcadamente divididas, el proyecto se encamina ahora a la discusión en el recinto, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de sus principales apuestas en materia penal.