Entre internas y fallos adversos, el Gobierno reimpulsa su proyecto de financiamiento universitario

En paralelo a la decisión de llevar a la Corte Suprema su planteo para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional busca reactivar en el Congreso un proyecto propio para modificar esa normativa y reducir su impacto en las cuentas públicas.

La iniciativa apunta a evitar que el Estado deba desembolsar unos $2,5 billones, tal como ordenaron recientes fallos judiciales que obligan a cumplir con la ley sancionada el año pasado. En ese contexto, el oficialismo avanza por dos caminos: apelar las resoluciones judiciales y, al mismo tiempo, impulsar cambios legislativos.

El proyecto no es nuevo. Había sido presentado en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero, pero no avanzó en ese momento porque el Gobierno priorizó la reforma laboral. Ahora, con la presión judicial en aumento, la Casa Rosada busca retomar esa iniciativa, que no deroga la ley vigente, pero sí propone modificaciones para amortiguar su costo fiscal.

Si bien aún no hay fecha confirmada para su tratamiento en comisiones, desde el oficialismo anticipan que la convocatoria será en los próximos días.

La discusión se da en medio de tensiones internas dentro del propio Gobierno. Sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo cuestionan la demora en impulsar el proyecto, mientras que desde el entorno del titular de Diputados, Martín Menem, sostienen que no estaban garantizados los votos necesarios para avanzar.

En el oficialismo argumentan que la ley actual, impulsada por la oposición, pone en riesgo el equilibrio fiscal. Por eso, además de apelar los fallos judiciales, buscan introducir cambios que reduzcan el impacto presupuestario.

Entre los puntos centrales, el proyecto propone una recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, pero limitada a 2025, sin contemplar la pérdida acumulada durante 2024. Esa actualización se pagaría en tres tramos del 4,1% a lo largo del año y establece la convocatoria a paritarias trimestrales, aunque sin obligación de ajustar salarios según la inflación.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, la iniciativa también difiere de la ley vigente. Mientras la normativa actual obliga a recomponer partidas afectadas por la inflación en los últimos dos años —incluyendo hospitales universitarios y programas científicos—, el proyecto oficial solo prevé actualizaciones si la inflación anual supera el 14,5%.

Además, contempla una partida adicional de poco más de $80.000 millones destinada al sistema de salud universitario, un aspecto que no está incluido en la ley actual.

Pese a los intentos de negociación previos, el proyecto no logró respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional. Y tras los fallos judiciales favorables a las universidades, en el Gobierno reconocen que el margen para alcanzar acuerdos es ahora mucho más limitado.