El Senado dio media sanción a la nueva Ley Orgánica de Municipios

El Senado de Santa Fe dio este jueves media sanción al proyecto de nueva Ley Orgánica de Municipios, una iniciativa que introduce cambios institucionales vinculados con la reforma constitucional sancionada en 2025.

Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, donde ya se dispuso su tratamiento con preferencia para el 9 de abril.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo provincial en diciembre pasado y atravesó distintas instancias de debate legislativo debido a la complejidad de las reformas planteadas, que abarcan aspectos como la autonomía municipal, los recursos económicos, las cartas orgánicas y la conformación de los Concejos Municipales.

El tratamiento del proyecto se demoró principalmente por diferencias políticas dentro del oficialismo respecto a la figura del viceintendente y también por la incertidumbre vinculada al contexto económico nacional.

Autonomía municipal

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el reconocimiento expreso del municipio como una entidad política autónoma, con autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera.

En ese marco, el proyecto redefine al municipio como un núcleo de población con vida propia que se gobierna bajo un sistema democrático, representativo y republicano.

Además, establece que los municipios con más de 10.000 habitantes podrán convocar a una Convención Municipal para sancionar su propia Carta Orgánica, lo que les permitirá definir su estructura de gobierno, órganos de control y mecanismos de participación ciudadana.

Aquellos municipios que no adopten ese mecanismo continuarán rigiéndose por la nueva ley provincial.

Clasificación según la población

El proyecto también introduce una clasificación de los municipios según la cantidad de habitantes, lo que impactará directamente en su organización institucional.

Esta segmentación determinará el número de concejales, los topes salariales de las autoridades, los requisitos para activar mecanismos de democracia directa y los límites al endeudamiento.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta diferenciación busca evitar esquemas uniformes que no contemplen las desigualdades territoriales, demográficas y económicas entre las distintas localidades de la provincia.

Régimen político e institucional

La iniciativa establece que intendentes y concejales tendrán mandatos de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección consecutiva. También dispone que las elecciones municipales se realicen en forma conjunta con las elecciones provinciales.

En cuanto al funcionamiento institucional, se fortalecen las atribuciones de los Concejos Municipales, ampliando su rol de control sobre el Departamento Ejecutivo.

Entre otras facultades, los concejos deberán aprobar el presupuesto y la cuenta de inversión, autorizar endeudamientos, controlar concesiones y contratos, y convocar audiencias públicas.

Administración pública y transparencia

El proyecto incorpora además principios de modernización en la administración pública municipal. Entre ellos se incluyen el ingreso por concurso a la planta permanente, evaluaciones de desempeño, capacitación continua y un régimen de incompatibilidades para funcionarios.

También se establecen obligaciones vinculadas a la transparencia, el acceso a la información pública y la publicidad de los actos de gobierno, junto con la creación de sistemas de control interno y normas de ética pública.

Régimen económico y financiero

Otro de los capítulos centrales de la propuesta es el régimen económico y financiero municipal. En ese punto se define que el tesoro municipal estará integrado por recursos propios, fondos de coparticipación, transferencias, créditos y otros ingresos.

Además, se fija un límite al endeudamiento, estableciendo que los servicios de deuda no podrán superar el 25% de los recursos anuales del municipio.También se consagran principios tributarios como la legalidad, la equidad y la capacidad contributiva, y se prohíbe expresamente la creación de tributos confiscatorios.

Ordenamiento territorial y ambiente

En línea con la reforma constitucional provincial, el proyecto incorpora un capítulo específico sobre ordenamiento territorial y ambiente.

La iniciativa establece la obligación de planificar el desarrollo urbano, regular el uso del suelo, incorporar la perspectiva climática y gestionar los riesgos ambientales.

Según el Ejecutivo, el objetivo es articular el crecimiento urbano con la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida en las distintas localidades.

Participación ciudadana

El texto también reglamenta los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución provincial, entre ellos la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato.

Los requisitos para su aplicación variarán según la población de cada municipio, con el objetivo de garantizar que estos instrumentos puedan ser utilizados de manera efectiva por la ciudadanía.

Asociaciones y regiones

Finalmente, el proyecto habilita la asociación entre municipios, la conformación de regiones y áreas metropolitanas, y la posibilidad de celebrar convenios con la Provincia, la Nación u otras jurisdicciones.

Estos acuerdos podrán destinarse a la prestación de servicios, la ejecución de obras públicas y la planificación conjunta de políticas públicas.