AFA en la mira: cuáles son los delitos que investiga la justicia y complica a dirigentes

Una causa federal que involucra una lujosa quinta en Pilar, una flota de autos de alta gama y una serie de maniobras financieras pone bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino y a sus dirigentes. La investigación por presuntos delitos va más allá de la propiedad del inmueble y se extiende a un entramado de operaciones societarias y financieras.

La Justicia federal en lo penal económico continúa profundizando una investigación que comenzó con el objetivo de determinar quiénes son los verdaderos dueños de una quinta de alto valor en Pilar y otras propiedades, junto a una flota de 54 vehículos de lujo, y que terminó abarcando presuntas maniobras delictivas que comprometen a directivos de la AFA. El expediente ingresó en una fase clave y ya concentra varias figuras penales en análisis.

El juez a cargo del caso publicó un escrito donde dejó en claro que la ubicación geográfica de la quinta en Pilar es apenas una parte de un esquema más amplio. Para la Fiscalía, lo que está en juego no es solo la titularidad del inmueble, sino un entramado de actos financieros, societarios y administrativos con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, que podrían haber perjudicado económicamente a la Asociación.

Entre los delitos bajo investigación aparece la figura de administración fraudulenta, que se aplica cuando alguien encargado del manejo de bienes o recursos de terceros actúa con la intención de obtener un lucro indebido o causar daño. Este delito es considerado la base de la causa y, según los investigadores, habría sido el paso previo para una supuesta maniobra de lavado de activos, lo que implicaría penas de hasta diez años de prisión.

Los fiscales sostienen que la pesquisa no se limita a la posesión formal de la quinta o a la lista de bienes investigados, sino que intenta desentrañar la compleja secuencia de operaciones societarias, la constitución y modificación de empresas y las relaciones económicas con el fútbol profesional y los negocios asociados, tanto en Argentina como en el exterior. Esto incluye analizar cómo se generaron y movieron los fondos que permitieron adquirir y mantener esos activos de alto valor.

Conflicto de competencia y futuro del expediente

La causa también enfrenta un debate de competencia jurisdiccional entre el juzgado federal que la dirige y otro tribunal con base en Campana, que reclamó que la investigación se traslade por estar el inmueble en su jurisdicción. El magistrado que encabeza la investigación rechazó esa solicitud, argumentando que los hechos delictivos se habrían desarrollado en múltiples lugares, por lo que corresponde que el caso permanezca en el fuero penal económico.

Esa disputa ahora debe resolverse en la Cámara Federal de San Martín, donde se definirá si el expediente continúa bajo la órbita actual o se remite a Campana, lo que implicaría reorganizar la investigación y revisar las medidas ya tomadas.

Si la causa sigue en la instancia penal económica, los fiscales podrán profundizar el análisis del flujo de fondos, la responsabilidad de los directivos y la posible conexión de este expediente con otros ya en curso, incluidas investigaciones por delitos tributarios y financieros. Por ahora, la investigación sigue abierta y con múltiples líneas de pesquisa activas.