La Justicia consideró que la ANDIS actuó de manera irregular y pidió restituir las pensiones suspendidas

El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca hizo lugar a una acción de amparo colectiva presentada por asociaciones de personas con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo de esa provincia. En su resolución, el tribunal consideró que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) actuó de manera irregular al dar de baja pensiones sin sustento legal.

La sentencia, que se dio a conocer este jueves, ordena al organismo nacional a restituir los pagos suspendidos en un plazo de 24 horas, con alcance en todo el territorio argentino. Según el fallo, la ANDIS no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que fundamentaran las bajas, por lo que violó el debido proceso y el derecho a defensa de los titulares.

La medida judicial se dicta en el marco de una causa más amplia, vinculada al escándalo por las auditorías y las indagatorias al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, y otros funcionarios.

La demanda colectiva cuestionó especialmente la implementación de auditorías médicas que derivaron en suspensiones masivas desde el mes de julio. Muchas de estas bajas se habrían producido sin notificaciones claras ni posibilidad de descargo por parte de los afectados.

Desde la ANDIS, en su defensa, se argumentó que actuó conforme a lo dispuesto por los decretos 698/2017 y 843/2024, y que las auditorías estaban debidamente notificadas. También se afirmó que las suspensiones se aplicaron en casos donde no se acreditaron los requisitos médicos.

No obstante, el juez resolvió que la interrupción de prestaciones no tuvo respaldo administrativo válido, y por tanto constituye una acción ilegal contra un sector vulnerable de la población. "Las pensiones no contributivas son propiedad de sus titulares y solo pueden ser retenidas a través de un procedimiento regular que respete el debido proceso y la defensa en juicio", subrayó el magistrado.

Según datos de la propia ANDIS, hasta el 16 de julio de 2025 el Gobierno había suspendido 65.230 pensiones por supuestas irregularidades. En ese mismo informe, se indicó que el 60% de los beneficiarios afectados no habrían completado la revisión médica requerida. Adicionalmente, 8.207 personas habrían renunciado voluntariamente y otras 6.643 fueron dadas de baja por fallecimiento.

En total, el Estado dejó de abonar 80.080 pensiones, lo que representa un ahorro mensual estimado en $23.000 millones según cifras oficiales.